LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE A LOS ESTADOS Y SUS "MODELOS".1.2
DEERECHOS TRANSGREDIDOS Y LOS DESAFÍOS PARA DEFENDER Y RECUPERAR: “Los derechos no se esperan, los Derechos se ejercen”
En diversos territorios del continente se han identificado una serie de derechos transgredidos como parte de la libredeterminación y que son consecuencia de la imposición de modelos industriales y de expansión, tanto pública pero mayoritariamente de entidades privadas y que afectan directamente a numerosas personas, como el caso de madereros-forestales, petroleras, mineras, pesqueras, entre otras.
Asimismo, bajo esa lectura, se incorpora en el siguiente documento una serie de antecedentes relacionadas con el establecimientos de planes de acción para el avance sobre el ejercicio y exigibilidad de los derechos de los Pueblos, que no presenta nada extraordinario, por el contrario, son temas incorporados en la agenda internacional hace mucho rato, siendo incluso varios los Países los que han incorporado a sus ordenamientos políticos y jurídicos un estándar avanzado, contrario a lo que ha sucedido al interior de algunos Estados, como el de Chile, Perú o Colombia ( a pesar que este País tienen diversos cuerpos jurídicos de derechos indígenas), quienes mantienen una enorme brecha de desigualdad, intolerancia y descontextualización en relación a los Derechos.
LIBREDETERMINACIÓN
- Garantías de No discriminación
- Integridad Cultural
- Tierras, territorios y Recursos Nat.
- Bienestar y Desarrollo (económico, Social, cultural y ambiental)
- Autogobierno, Participación y autonomías
- Medidas de Reparación Histórica por parte del Estado.
I.- GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN
Un aspecto indispensable dentro de la extensión del derecho a la libredeterminación que tiene todo Pueblo es la ausencia de políticas o prácticas oficiales que discriminen injustamente a individuos o grupos. Es universal el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Diversos aspectos de discriminación se identifican en relación a los conflictos.
1.- Transgresiones y atropellos:
Algunos de ellos son:
Racismo y discriminación socio ambiental y espacial: Existe una pauta conductual racista y discriminadora de instituciones del Estado y empresas privadas que en los últimos años se ha hecho sistemática y creciente en diversos territorios afectando a poblaciones de pueblos indígenas principalmente. Asimismo, a diversos sectores urbanos poblacionales de personas que no pueden acceder a una defensa efectiva de sus derechos ante la instalación de actividades que provocan un evidente daño al medio ambiente y formas tradicionales de vida.
El racismo y discriminación, es cuando comunidades, agrupaciones, poblaciones pobres o empobrecidas en posesión actual de un porcentaje mínimo de tierras o sitios respecto de la superficie total que presentan latifundistas o grupos económicos, parece no ser considerado a la hora de destinar los terrenos que serán utilizados para actividades nocivas para la salud y los ecosistemas, pues ha sido precisamente en ese poco territorio en que habitan grandes mayorías, donde la industrias extractivas como la minería, petroleras y madereras han acabado con los recursos hídricos y causado graves contaminaciones, saqueos y destrucciones.
En definitiva, el racismo y discriminación hacia diversos sectores de los Pueblos puede ser descubierto a través de los conflictos ambientales y las políticas que autoridades y empresas privadas realizan para lograr lo que denominan “desarrollo” o “crecimiento económico” del país. Los desechos y costos de este desarrollo y sus impactos negativos al medio ambiente que nadie quiere asumir, se han llevado a las escasas tierras que hoy habitan los indígenas.
Nula Participación y contaminación social: No existen en la mayoría de los Países condiciones de una participación efectiva en la toma de decisiones públicas respecto a proyectos de inversión pública o privada con impactos territoriales. Los instrumentos que existen lo reflejan, donde no se considera la participación previa, libre e informada como derecho esencial a asumir ante los Pueblos indígenas, sus organizaciones y autoridades tradicionales.
Asimismo, existe amplia libertad por parte del Estado para que las empresas se introduzcan en los territorios y causen graves deterioros y quebrantamientos a las orgánicas locales, con coaptaciones (compras de dirigentes) e instalación de cizañas (mentiras), daños que son irreparables socialmente.
Medios de Comunicación y derecho a réplica: Los medios de comunicación, principalmente de prensa escrita que obedecen a grupos económicos controladores del aparato y autoridad estatal, promueven la intolerancia y el descrédito e invisibilización a toda crítica, defensa y lucha por derechos sociales y ambientales. Es más, cuando en sus tribunas generan prejuicios y estigmatizaciones, con calumnias o injurias a procesos sociales o defensores de derechos, prácticamente no existe el derecho a réplica o esta es insuficiente o menor a la presentada originalmente.
Criminalización y judicialización a la protesta social: En algunos casos ha sucedido que la protesta social que reivindica o defiende derechos colectivos está expuesta arbitrariamente a condiciones de criminalización y judicialización. Diversos casos frente a los conflictos de la industria petrolera, minera, forestales-maderera han ocurrido.
Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas. En el caso de las petroleras, minera y madereras han venido causando serios trastornos a la vida de numerosas personas y sus comunidades. Tierras agrícolas, frutícolas, de bosques nativos y ganaderas para la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos han sido reemplazadas por espacios de exploración, explotación, ductos, plantas, causando graves impactos, acorralamiento de comunidades, cambio de hábitos de las poblaciones locales, empobrecimiento, emigración son algunas de sus consecuencias.
2.- Hacia un Plan de Acción
Establecer la penalización de actos de discriminación étnica, racial, o cultural por parte de agentes del estado, o agentes privados, contra personas, organizaciones y/o comunidades indígenas.
Crear instancias de participación permanente y asumir la responsabilidad que garantice la interlocución en igualdad de condiciones, para asegurar la ausencia plena de toda política o práctica oficial que discrimina injustamente a individuos, grupos, comunidades o pueblos, con el fin de desarrollar acciones que promuevan la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, costumbres, tradiciones e instituciones propias de los Pueblos. Una de ellas, es la promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.
Garantizar el derecho emitir opinión e información y hacer uso del derecho de réplica en los medios de comunicación masivos.
Generar condiciones que permitan a los movimientos, organizaciones, comunidades sociales acceder a la propiedad de medios de comunicación.
Garantizar que los medios de comunicación entregan contenidos y operan bajo los valores del respeto y la no discriminación hacia las personas, organizaciones, comunidades y/o Pueblos.
Implementar normativas legales efectivas y suficientes para sancionar a personas, instituciones públicas o privadas y/o medios de comunicación que lesionen la honra y dignidad de una persona, organización, comunidad o Pueblo.
Impedir cualquier forma de criminalización, la utilización de leyes especiales y/o penalización de las legítimas actividades de protesta y demanda social de los Pueblos.
II.- INTEGRIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS
Hoy existen pocas controversias sobre el planteamiento que reconoce que los pueblos tienen derecho a mantener y desarrollar libremente sus identidades culturales diferenciadas, dentro del marco de principios de derechos humanos generalmente aceptados y, por lo tanto, aplicables. La cultura es entendida generalmente de manera que incluye pautas afines, lengua, religión, rituales, arte y filosofía: de manera adicional, se entiende cada vez más que abarca pautas sobre el uso de las tierras y otras instituciones que pueden extenderse hacia esferas económicas y políticas. Además, los estados están llamados a mantener y, de hecho, mantienen Por si mismos obligaciones positivas en este ámbito.
1.- Transgresiones y atropellos:
Espacios de significación cultural y espiritual: Como consecuencia de la expansión de este tipo de industrias en cuestión, diversos espacios de significación cultural y espiritual para los Pueblos han sido transgredidos
Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas.
2.- Hacia un Plan de Acción
Reconocer, respetar, garantizar y promover el derecho a la autonomía cultural de los Pueblos.
Restituir a las comunidades los espacios de significación cultural que han sido reclamados, delegando a las mismas comunidades la administración de esos espacios.
Diseñar e implementar acciones que aseguran la protección del patrimonio medicinal y de los espacios territoriales de carácter espiritual en todo evento, en especial ante proyectos de inversión o conservación, sea esta privada o pública.
La promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.
III.- TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES
En general, los pueblos tienen el derecho a la propiedad de, o a un control sustancial sobre y acceso a, las tierras y recursos naturales que tradicionalmente han sustentado sus respectivas economías y prácticas culturales. En el caso indígena los pueblos han sido desposeídos de sus tierras tradicionales o han perdido el acceso a los recursos naturales a través de la coacción o el fraude, la norma para los estados es la de establecer procedimientos que permitan a los grupos indígenas afectados recuperar las tierras o el acceso a los recursos que necesiten para su subsistencia y prácticas culturales y, en circunstancias apropiadas, a recibir una compensación.
1.- Transgresiones y atropellos
Imposición de políticas locales o globales neo-liberales: En la actualidad, dentro del ámbito de la política pública de los Estados existen una serie de elementos internos y externos que están estrechamente ligados a diversos aspectos de la globalización económica capitalista y neoliberal, cuyos impactos repercuten principalmente en los territorios de sectores sociales más vulnerables. La territorialidad, no entendida como aspecto simbólico, sino como el soporte material y espiritual para la existencia de los Pueblos indígenas, ha sido víctima de políticas locales y globales con graves consecuencias en términos ambientales, culturales y económicos.
Territorialidad, contaminación y actividades peligrosas: Territorialmente, podemos observar que la contaminación y la ejecución de actividades peligrosas para el ambiente y la salud se llevan a cabo en lugares donde habitan empobrecidas, de mal acceso a los servicios y al ejercicio de los derechos.
“Modelo”, conflictos territoriales socio ambientales y sus consecuencias: Esta situación, atenta contra los Pueblos en sus Derechos y establecer su propio desarrollo, principalmente ante la desprotección de las territorialidades (tierras y recursos naturales), que ha llevado a la privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, la expansión de industrias extractivas (petroleras, minería y madereras), grandes obras viales, turísticas, entre otras surgidas a nombre de un modelo de “desarrollo y progreso” que en realidad, en términos generales, es crecimiento económico que va, principalmente, en beneficio directo de grandes compañías y transnacionales en desmedro de una larga lista de comunidades que han tenido que sacrificar la calidad de vida, su ambiente y arriesgar su salud y su seguridad.
Derechos de agua: Uno de los impactos más importante y que atenta directamente con el derecho a al vida de las comunidades es la pérdida de recursos hídricos superficiales y subterráneos y la contaminación de las fuentes de agua por el uso y contaminación de industrias extractivas.
Territorialidad e Igualdad en derechos: La igualdad ante la ley y el acceso a oportunidades, el derecho a disentir, la libre determinación del tipo de desarrollo, la participación, la oposición a actividades y acciones que tengan consecuencias negativas son muchas veces premisas vedadas para las comunidades y que denotan muchas veces en actitudes racistas y discriminadoras.
“No se trata de atentar con el denominado desarrollo y progreso que han vociferado falsamente las grandes compañías, transnacionales y autoridades estatales, por el contrario, se trata de detener la expansión de actividades que sólo han traído destrucción y empobrecimiento en contra de los sectores más expuestos e indefensos a sus cargas, provocando marcadas desigualdades sociales y el enriquecimiento de pequeños grupos a costa de la destrucción de recursos naturales y de los irreparables costos que sufren las comunidades(…). Simplemente, es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, con participación y cooperación en los planes de bienestar económico de estas regiones, para proteger y preservar el medio ambiente de estos territorios, para mejorar y fortalecer aspectos sociales y culturales, con plena identidad, derechos y autonomía. Justamente, hoy, son las propias comunidades y organizaciones las que levantan su voz para una nueva propuesta de relación y de avance, para frenar estas políticas económicas depredadoras en pro de una sociedad humana más justa y equilibrada, para dar esperanza de un futuro digno”
Para diversas personas y organizaciones víctimas de este modelo, no es tan solo una disputa por tierras o medio ambiente, sino es una lucha por sobrevivir, por los derechos, dignidad, reconocimiento y las posibilidades de un desarrollo autónomo.
El freno a este tipo de modelo, es además, el intento de impedir que esta actividad siga introduciendo mayor empobrecimiento, daños ambientales y deterioros culturales a los Pueblos y vastos sectores. Estas luchas, como tema de fondo, es intentar cambiar la relación política del Estado hacia los Pueblos, porque los grupos dueños de estas grandes empresas son grupos fácticos de poder que son parte controladora del Estado y toda su “maquinaria”, siendo responsables directos de la marginación, exclusión y opresión que enfrentan los pueblos.
2.- Hacia un Plan de Acción
Se deberá respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los Pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan, utilizan o se encuentra firmemente enraizado, de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.
Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras y territorios que ocupan históricamente, así como al uso de las tierras a las que tradicionalmente han tenido acceso para la realización de sus actividades tradicionales y de sustento. Estos derechos también comprenden las aguas, la flora, la fauna, el subsuelo y los demás recursos de ese hábitat, así como de su medio ambiente, preservando los mismos para sí y futuras generaciones.
Establecer mecanismos jurídicos, políticos y administrativos de protección sobre las tierras y territorios que los Pueblos ocupan o utilizan históricamente, de manera permanente, exclusiva, inalienable, imprescriptible, inexpropiable e inembargable.
Medidas adecuadas para prevenir, impedir y sancionar toda intrusión o uso de dichas tierras, territorios o recursos por grupos económicos que se arroguen la propiedad, posesión o el derecho a uso de las mismas.
Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos a los Recursos naturales existentes en sus tierras y territorios los que deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Modificación de códigos y leyes relacionadas a las Aguas, Mineria, pesca, hidrocarburos, entre otras, reconociendo los derechos de propiedad y uso de las comunidades rurales sobre sus recursos, y compatibilizando dicha legislación sectorial con la norma existentes o de creación sobre protección de las tierras.
Reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de las prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas en su relación con el medioambiente, ya sea en zonas rurales y urbanas.
Los Pueblos tendrán el derecho a conservar, restaurar y proteger su medio ambiente, y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos; y cuando así lo amerite, recibir asistencia del Estado o de organismos internacionales para la protección de su medio ambiente.
Realizar las acciones necesarias para identificar, prohibir y sancionar las prácticas de racismo y discriminación ambiental y espacial causadas por instituciones públicas o privadas a través de prácticas, acciones o inacciones que, intencionalmente o no, agreden al ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades, trabajadores, grupos e individuos basados en su origen indígena.
Resguardar que las organizaciones y/o comunidades participen en el diseño de mecanismos de uso sustentable de los recursos naturales de sus territorios y/o de los colindantes.
Fiscalizar y resguardar que los proyectos económicos, correspondientes a inversiones públicas o privadas, que se instalen en los territorios aledaños a las comunidades rurales, no impidan el desarrollo social, cultural, político y económico de éstas; y prohibir aquellas prácticas de explotación comercial que atenten a las tradiciones, territorialidad y medio ambiente en los territorios.
Diseñar mecanismos de información y consulta permanente a las organizaciones y/o comunidades de los proyectos de Conservación y/o Desarrollo que se planifiquen en territorios aledaños a estos o que directa o indirectamente les afectan.
En diversos territorios del continente se han identificado una serie de derechos transgredidos como parte de la libredeterminación y que son consecuencia de la imposición de modelos industriales y de expansión, tanto pública pero mayoritariamente de entidades privadas y que afectan directamente a numerosas personas, como el caso de madereros-forestales, petroleras, mineras, pesqueras, entre otras.
Asimismo, bajo esa lectura, se incorpora en el siguiente documento una serie de antecedentes relacionadas con el establecimientos de planes de acción para el avance sobre el ejercicio y exigibilidad de los derechos de los Pueblos, que no presenta nada extraordinario, por el contrario, son temas incorporados en la agenda internacional hace mucho rato, siendo incluso varios los Países los que han incorporado a sus ordenamientos políticos y jurídicos un estándar avanzado, contrario a lo que ha sucedido al interior de algunos Estados, como el de Chile, Perú o Colombia ( a pesar que este País tienen diversos cuerpos jurídicos de derechos indígenas), quienes mantienen una enorme brecha de desigualdad, intolerancia y descontextualización en relación a los Derechos.
LIBREDETERMINACIÓN
- Garantías de No discriminación
- Integridad Cultural
- Tierras, territorios y Recursos Nat.
- Bienestar y Desarrollo (económico, Social, cultural y ambiental)
- Autogobierno, Participación y autonomías
- Medidas de Reparación Histórica por parte del Estado.
I.- GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN
Un aspecto indispensable dentro de la extensión del derecho a la libredeterminación que tiene todo Pueblo es la ausencia de políticas o prácticas oficiales que discriminen injustamente a individuos o grupos. Es universal el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Diversos aspectos de discriminación se identifican en relación a los conflictos.
1.- Transgresiones y atropellos:
Algunos de ellos son:
Racismo y discriminación socio ambiental y espacial: Existe una pauta conductual racista y discriminadora de instituciones del Estado y empresas privadas que en los últimos años se ha hecho sistemática y creciente en diversos territorios afectando a poblaciones de pueblos indígenas principalmente. Asimismo, a diversos sectores urbanos poblacionales de personas que no pueden acceder a una defensa efectiva de sus derechos ante la instalación de actividades que provocan un evidente daño al medio ambiente y formas tradicionales de vida.
El racismo y discriminación, es cuando comunidades, agrupaciones, poblaciones pobres o empobrecidas en posesión actual de un porcentaje mínimo de tierras o sitios respecto de la superficie total que presentan latifundistas o grupos económicos, parece no ser considerado a la hora de destinar los terrenos que serán utilizados para actividades nocivas para la salud y los ecosistemas, pues ha sido precisamente en ese poco territorio en que habitan grandes mayorías, donde la industrias extractivas como la minería, petroleras y madereras han acabado con los recursos hídricos y causado graves contaminaciones, saqueos y destrucciones.
En definitiva, el racismo y discriminación hacia diversos sectores de los Pueblos puede ser descubierto a través de los conflictos ambientales y las políticas que autoridades y empresas privadas realizan para lograr lo que denominan “desarrollo” o “crecimiento económico” del país. Los desechos y costos de este desarrollo y sus impactos negativos al medio ambiente que nadie quiere asumir, se han llevado a las escasas tierras que hoy habitan los indígenas.
Nula Participación y contaminación social: No existen en la mayoría de los Países condiciones de una participación efectiva en la toma de decisiones públicas respecto a proyectos de inversión pública o privada con impactos territoriales. Los instrumentos que existen lo reflejan, donde no se considera la participación previa, libre e informada como derecho esencial a asumir ante los Pueblos indígenas, sus organizaciones y autoridades tradicionales.
Asimismo, existe amplia libertad por parte del Estado para que las empresas se introduzcan en los territorios y causen graves deterioros y quebrantamientos a las orgánicas locales, con coaptaciones (compras de dirigentes) e instalación de cizañas (mentiras), daños que son irreparables socialmente.
Medios de Comunicación y derecho a réplica: Los medios de comunicación, principalmente de prensa escrita que obedecen a grupos económicos controladores del aparato y autoridad estatal, promueven la intolerancia y el descrédito e invisibilización a toda crítica, defensa y lucha por derechos sociales y ambientales. Es más, cuando en sus tribunas generan prejuicios y estigmatizaciones, con calumnias o injurias a procesos sociales o defensores de derechos, prácticamente no existe el derecho a réplica o esta es insuficiente o menor a la presentada originalmente.
Criminalización y judicialización a la protesta social: En algunos casos ha sucedido que la protesta social que reivindica o defiende derechos colectivos está expuesta arbitrariamente a condiciones de criminalización y judicialización. Diversos casos frente a los conflictos de la industria petrolera, minera, forestales-maderera han ocurrido.
Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas. En el caso de las petroleras, minera y madereras han venido causando serios trastornos a la vida de numerosas personas y sus comunidades. Tierras agrícolas, frutícolas, de bosques nativos y ganaderas para la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos han sido reemplazadas por espacios de exploración, explotación, ductos, plantas, causando graves impactos, acorralamiento de comunidades, cambio de hábitos de las poblaciones locales, empobrecimiento, emigración son algunas de sus consecuencias.
2.- Hacia un Plan de Acción
Establecer la penalización de actos de discriminación étnica, racial, o cultural por parte de agentes del estado, o agentes privados, contra personas, organizaciones y/o comunidades indígenas.
Crear instancias de participación permanente y asumir la responsabilidad que garantice la interlocución en igualdad de condiciones, para asegurar la ausencia plena de toda política o práctica oficial que discrimina injustamente a individuos, grupos, comunidades o pueblos, con el fin de desarrollar acciones que promuevan la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, costumbres, tradiciones e instituciones propias de los Pueblos. Una de ellas, es la promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.
Garantizar el derecho emitir opinión e información y hacer uso del derecho de réplica en los medios de comunicación masivos.
Generar condiciones que permitan a los movimientos, organizaciones, comunidades sociales acceder a la propiedad de medios de comunicación.
Garantizar que los medios de comunicación entregan contenidos y operan bajo los valores del respeto y la no discriminación hacia las personas, organizaciones, comunidades y/o Pueblos.
Implementar normativas legales efectivas y suficientes para sancionar a personas, instituciones públicas o privadas y/o medios de comunicación que lesionen la honra y dignidad de una persona, organización, comunidad o Pueblo.
Impedir cualquier forma de criminalización, la utilización de leyes especiales y/o penalización de las legítimas actividades de protesta y demanda social de los Pueblos.
II.- INTEGRIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS
Hoy existen pocas controversias sobre el planteamiento que reconoce que los pueblos tienen derecho a mantener y desarrollar libremente sus identidades culturales diferenciadas, dentro del marco de principios de derechos humanos generalmente aceptados y, por lo tanto, aplicables. La cultura es entendida generalmente de manera que incluye pautas afines, lengua, religión, rituales, arte y filosofía: de manera adicional, se entiende cada vez más que abarca pautas sobre el uso de las tierras y otras instituciones que pueden extenderse hacia esferas económicas y políticas. Además, los estados están llamados a mantener y, de hecho, mantienen Por si mismos obligaciones positivas en este ámbito.
1.- Transgresiones y atropellos:
Espacios de significación cultural y espiritual: Como consecuencia de la expansión de este tipo de industrias en cuestión, diversos espacios de significación cultural y espiritual para los Pueblos han sido transgredidos
Atentados a las Riquezas culturales, económicas, sociales de los Pueblos: El modelo de desarrollo ha venido causando serios daños a los territorios y sus riquezas.
2.- Hacia un Plan de Acción
Reconocer, respetar, garantizar y promover el derecho a la autonomía cultural de los Pueblos.
Restituir a las comunidades los espacios de significación cultural que han sido reclamados, delegando a las mismas comunidades la administración de esos espacios.
Diseñar e implementar acciones que aseguran la protección del patrimonio medicinal y de los espacios territoriales de carácter espiritual en todo evento, en especial ante proyectos de inversión o conservación, sea esta privada o pública.
La promoción y la aplicación de políticas públicas efectivas para garantizar la soberanía popular, seguridad alimentaria y economía solidaria en base a la diversidad y riqueza cultural.
III.- TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS NATURALES
En general, los pueblos tienen el derecho a la propiedad de, o a un control sustancial sobre y acceso a, las tierras y recursos naturales que tradicionalmente han sustentado sus respectivas economías y prácticas culturales. En el caso indígena los pueblos han sido desposeídos de sus tierras tradicionales o han perdido el acceso a los recursos naturales a través de la coacción o el fraude, la norma para los estados es la de establecer procedimientos que permitan a los grupos indígenas afectados recuperar las tierras o el acceso a los recursos que necesiten para su subsistencia y prácticas culturales y, en circunstancias apropiadas, a recibir una compensación.
1.- Transgresiones y atropellos
Imposición de políticas locales o globales neo-liberales: En la actualidad, dentro del ámbito de la política pública de los Estados existen una serie de elementos internos y externos que están estrechamente ligados a diversos aspectos de la globalización económica capitalista y neoliberal, cuyos impactos repercuten principalmente en los territorios de sectores sociales más vulnerables. La territorialidad, no entendida como aspecto simbólico, sino como el soporte material y espiritual para la existencia de los Pueblos indígenas, ha sido víctima de políticas locales y globales con graves consecuencias en términos ambientales, culturales y económicos.
Territorialidad, contaminación y actividades peligrosas: Territorialmente, podemos observar que la contaminación y la ejecución de actividades peligrosas para el ambiente y la salud se llevan a cabo en lugares donde habitan empobrecidas, de mal acceso a los servicios y al ejercicio de los derechos.
“Modelo”, conflictos territoriales socio ambientales y sus consecuencias: Esta situación, atenta contra los Pueblos en sus Derechos y establecer su propio desarrollo, principalmente ante la desprotección de las territorialidades (tierras y recursos naturales), que ha llevado a la privatización de derechos de agua, del mar y borde costero, la expansión de industrias extractivas (petroleras, minería y madereras), grandes obras viales, turísticas, entre otras surgidas a nombre de un modelo de “desarrollo y progreso” que en realidad, en términos generales, es crecimiento económico que va, principalmente, en beneficio directo de grandes compañías y transnacionales en desmedro de una larga lista de comunidades que han tenido que sacrificar la calidad de vida, su ambiente y arriesgar su salud y su seguridad.
Derechos de agua: Uno de los impactos más importante y que atenta directamente con el derecho a al vida de las comunidades es la pérdida de recursos hídricos superficiales y subterráneos y la contaminación de las fuentes de agua por el uso y contaminación de industrias extractivas.
Territorialidad e Igualdad en derechos: La igualdad ante la ley y el acceso a oportunidades, el derecho a disentir, la libre determinación del tipo de desarrollo, la participación, la oposición a actividades y acciones que tengan consecuencias negativas son muchas veces premisas vedadas para las comunidades y que denotan muchas veces en actitudes racistas y discriminadoras.
“No se trata de atentar con el denominado desarrollo y progreso que han vociferado falsamente las grandes compañías, transnacionales y autoridades estatales, por el contrario, se trata de detener la expansión de actividades que sólo han traído destrucción y empobrecimiento en contra de los sectores más expuestos e indefensos a sus cargas, provocando marcadas desigualdades sociales y el enriquecimiento de pequeños grupos a costa de la destrucción de recursos naturales y de los irreparables costos que sufren las comunidades(…). Simplemente, es buscar el mejoramiento de las condiciones de vida, con participación y cooperación en los planes de bienestar económico de estas regiones, para proteger y preservar el medio ambiente de estos territorios, para mejorar y fortalecer aspectos sociales y culturales, con plena identidad, derechos y autonomía. Justamente, hoy, son las propias comunidades y organizaciones las que levantan su voz para una nueva propuesta de relación y de avance, para frenar estas políticas económicas depredadoras en pro de una sociedad humana más justa y equilibrada, para dar esperanza de un futuro digno”
Para diversas personas y organizaciones víctimas de este modelo, no es tan solo una disputa por tierras o medio ambiente, sino es una lucha por sobrevivir, por los derechos, dignidad, reconocimiento y las posibilidades de un desarrollo autónomo.
El freno a este tipo de modelo, es además, el intento de impedir que esta actividad siga introduciendo mayor empobrecimiento, daños ambientales y deterioros culturales a los Pueblos y vastos sectores. Estas luchas, como tema de fondo, es intentar cambiar la relación política del Estado hacia los Pueblos, porque los grupos dueños de estas grandes empresas son grupos fácticos de poder que son parte controladora del Estado y toda su “maquinaria”, siendo responsables directos de la marginación, exclusión y opresión que enfrentan los pueblos.
2.- Hacia un Plan de Acción
Se deberá respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los Pueblos indígenas reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan, utilizan o se encuentra firmemente enraizado, de alguna u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esta relación.
Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras y territorios que ocupan históricamente, así como al uso de las tierras a las que tradicionalmente han tenido acceso para la realización de sus actividades tradicionales y de sustento. Estos derechos también comprenden las aguas, la flora, la fauna, el subsuelo y los demás recursos de ese hábitat, así como de su medio ambiente, preservando los mismos para sí y futuras generaciones.
Establecer mecanismos jurídicos, políticos y administrativos de protección sobre las tierras y territorios que los Pueblos ocupan o utilizan históricamente, de manera permanente, exclusiva, inalienable, imprescriptible, inexpropiable e inembargable.
Medidas adecuadas para prevenir, impedir y sancionar toda intrusión o uso de dichas tierras, territorios o recursos por grupos económicos que se arroguen la propiedad, posesión o el derecho a uso de las mismas.
Reconocer y garantizar los derechos de los Pueblos a los Recursos naturales existentes en sus tierras y territorios los que deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.
Modificación de códigos y leyes relacionadas a las Aguas, Mineria, pesca, hidrocarburos, entre otras, reconociendo los derechos de propiedad y uso de las comunidades rurales sobre sus recursos, y compatibilizando dicha legislación sectorial con la norma existentes o de creación sobre protección de las tierras.
Reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de las prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas en su relación con el medioambiente, ya sea en zonas rurales y urbanas.
Los Pueblos tendrán el derecho a conservar, restaurar y proteger su medio ambiente, y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos; y cuando así lo amerite, recibir asistencia del Estado o de organismos internacionales para la protección de su medio ambiente.
Realizar las acciones necesarias para identificar, prohibir y sancionar las prácticas de racismo y discriminación ambiental y espacial causadas por instituciones públicas o privadas a través de prácticas, acciones o inacciones que, intencionalmente o no, agreden al ambiente, la salud, biodiversidad, la economía local, la calidad de vida y seguridad en comunidades, trabajadores, grupos e individuos basados en su origen indígena.
Resguardar que las organizaciones y/o comunidades participen en el diseño de mecanismos de uso sustentable de los recursos naturales de sus territorios y/o de los colindantes.
Fiscalizar y resguardar que los proyectos económicos, correspondientes a inversiones públicas o privadas, que se instalen en los territorios aledaños a las comunidades rurales, no impidan el desarrollo social, cultural, político y económico de éstas; y prohibir aquellas prácticas de explotación comercial que atenten a las tradiciones, territorialidad y medio ambiente en los territorios.
Diseñar mecanismos de información y consulta permanente a las organizaciones y/o comunidades de los proyectos de Conservación y/o Desarrollo que se planifiquen en territorios aledaños a estos o que directa o indirectamente les afectan.
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