Piden a Investigaciones sumario por detención de menor mapuche
Una indagación interna para establecer qué ocurrió en el caso de un menor de origen mapuche de la comunidad Temucuicui, que fue detenido y que estuvo desaparecido por varias horas, solicitó el abogado Fernando Molina al prefecto regional de Investigaciones, Segundo Uribe.
El 4 de diciembre recién pasado el adolescente de iniciales J.P.Q estuvo varias horas desaparecido en el marco de unas pesquisas desarrolladas por detectives que indagaban una denuncia por abigeato.
El profesional, encargado de la Comisión Defensora Ciudadana, consideró insuficiente y poco consistente la respuesta formulada por la Prefectura Regional Araucanía de la Policía de Investigaciones y le solicitó nueva información.
Añadió que en la respuesta policial no se entregan antecedentes concretos y más aún no hay explicación razonable del porqué los padres del menor no fueron informados del procedimiento que se aplicaba a su hijo.
En el marco del procedimiento policial que indagaba un robo de animales el menor de 14 años fue detenido y trasladado a una unidad policial en la ciudad de Traiguén y supuestamente liberado, según lo detalla el informe de la PDI, "lo habrían dejado en el mismo lugar donde se efectuó el control de identidad", sin embargo -dice- "la respuesta de la policía es contradictoria y no entrega antecedentes claros respecto de cuántas horas el niño estuvo desaparecido".
Según explicó Molina, "existe preocupación por cuanto estamos en presencia de un menor que ha sido objeto de un control de identidad que tiene más bien características de detención, que se ve agravada por la nula información sobre el paradero posterior del niño".
Asimismo, -agregó- que la propia Corte de Apelaciones, si bien rechazó un recurso de amparo interpuesto en favor del menor, sostuvo que había claras contradicciones entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones respecto del procedimiento realizado y del cual el Fiscal a cargo no habría sido informado con el rigor que se precisa.
Los detectives afirman que le comunicaron telefónicamente al fiscal de Traiguén, Ricardo Gutiérrez Riveros, el supuesto control de identidad que hicieron. Pero en los alegatos que hubo en la Corte respecto a un recurso amparo, la Fiscalía dijo no haber sido informada por los policías del procedimiento.
"Estamos insistiendo ante la policía civil, puesto que a todo evento hay elementos de mayor connotación que deben ser considerados en el accionar policial y es que la Convención de los Derechos del Niño consagra la integridad de los menores de edad y, en ese sentido, las respuestas de la Policía de Investigaciones no nos parecen razonables", sostuvo el abogado Molina.
La Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, compartió los argumentos que en el caso han sostenido el Observatorio de Derechos Ciudadanos y Amnistía "como organismo defensor tenemos la obligación de abordar estas materias, por cuanto las policías deben ceñirse no sólo a las leyes, sino también a los tratados internacionales vigentes y por ello, estamos explicitando la necesidad de investigar lo ocurrido".
El 4 de diciembre recién pasado el adolescente de iniciales J.P.Q estuvo varias horas desaparecido en el marco de unas pesquisas desarrolladas por detectives que indagaban una denuncia por abigeato.
El profesional, encargado de la Comisión Defensora Ciudadana, consideró insuficiente y poco consistente la respuesta formulada por la Prefectura Regional Araucanía de la Policía de Investigaciones y le solicitó nueva información.
Añadió que en la respuesta policial no se entregan antecedentes concretos y más aún no hay explicación razonable del porqué los padres del menor no fueron informados del procedimiento que se aplicaba a su hijo.
En el marco del procedimiento policial que indagaba un robo de animales el menor de 14 años fue detenido y trasladado a una unidad policial en la ciudad de Traiguén y supuestamente liberado, según lo detalla el informe de la PDI, "lo habrían dejado en el mismo lugar donde se efectuó el control de identidad", sin embargo -dice- "la respuesta de la policía es contradictoria y no entrega antecedentes claros respecto de cuántas horas el niño estuvo desaparecido".
Según explicó Molina, "existe preocupación por cuanto estamos en presencia de un menor que ha sido objeto de un control de identidad que tiene más bien características de detención, que se ve agravada por la nula información sobre el paradero posterior del niño".
Asimismo, -agregó- que la propia Corte de Apelaciones, si bien rechazó un recurso de amparo interpuesto en favor del menor, sostuvo que había claras contradicciones entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones respecto del procedimiento realizado y del cual el Fiscal a cargo no habría sido informado con el rigor que se precisa.
Los detectives afirman que le comunicaron telefónicamente al fiscal de Traiguén, Ricardo Gutiérrez Riveros, el supuesto control de identidad que hicieron. Pero en los alegatos que hubo en la Corte respecto a un recurso amparo, la Fiscalía dijo no haber sido informada por los policías del procedimiento.
"Estamos insistiendo ante la policía civil, puesto que a todo evento hay elementos de mayor connotación que deben ser considerados en el accionar policial y es que la Convención de los Derechos del Niño consagra la integridad de los menores de edad y, en ese sentido, las respuestas de la Policía de Investigaciones no nos parecen razonables", sostuvo el abogado Molina.
La Presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, compartió los argumentos que en el caso han sostenido el Observatorio de Derechos Ciudadanos y Amnistía "como organismo defensor tenemos la obligación de abordar estas materias, por cuanto las policías deben ceñirse no sólo a las leyes, sino también a los tratados internacionales vigentes y por ello, estamos explicitando la necesidad de investigar lo ocurrido".
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